Realmente ¿cree la autoridad que los resultados de esta convención pueden ser un insumo para la discusión y redacción de la nueva constitución cuando, en paralelo a su realización, reponía en el Congreso un proyecto de ley de patrimonio cultural que, por inconsulto ante los pueblos originarios y la ciudadanía, ha concitado el amplio rechazo del sector?
Finalizó otra Convención de la Cultura, ritual heredado del ex Consejo Nacional de la Cultura que, desde su origen, nunca alcanzó la relevancia ciudadana que consiguieron los otrora Cabildos Culturales. En medio de la actual debacle y tras el mano a mano electoral del fin de semana, la mentada convención se prefigura –siguiendo la jerga tanguera— cual descolado mueble viejo. Como ya sabemos, la conducción del naciente ministerio adoleció de iniciativa y convicción para encabezar los procesos que la ciudadanía esperaba inaugurase la nueva institucionalidad cultural y, en este contexto, la reunión en curso anticipa aquel desabrido regusto que dejan las cosas que se hacen por el imperio de la rutina.
Lo cierto es que, en líneas generales, la actual convención no dista mayormente de las anteriores y da continuidad al procedimiento de antaño. Solo que esta vez el escenario ha cambiado dramáticamente y algunos detalles no se pueden pasar por alto, sin pecar de indolente. Uno de ellos es que Chile cambió a partir del estallido social y la pandemia agudizó en extremo la urgencia de las demandas. Un sector laboralmente desprotegido, el de las artes, sigue aguardando alguna respuesta de la autoridad. Pero sabemos que es una espera vana, porque durante estos tres años y meses de gestión aún no habría la capacidad de desarrollar estrategias intersectoriales con las cuales abordar los problemas sociales de los trabajadores y trabajadoras de las artes. También sabemos que difícilmente este podría ser un tema preponderante, en una administración que ha sido tildada de indolente y para la cual las prioridades estarían puestas en asuntos como la reinauguración del Palacio Pereira o la prelación de una ley de patrimonio sin consulta indígena.
Tras las sombras dejadas por esta débil administración, comienzan a despuntar las claridades que han de alumbrar al ministerio de culturas, las artes y el patrimonio que la sociedad chilena necesita. Y esa definición se hará mucho más nítida cuando tenga lugar esa otra Convención, la Constituyente, la que contendrá en su seno la expresión auto organizada que, tras el estallido social, el pueblo que ha comenzado a consolidar. Muestra de ello son los resultados de las elecciones del fin de semana pasado, donde las organizaciones de base obtuvieron, en un hecho sin precedentes, el gravitante 34% de los escaños del cónclave en que se redactará para el país su primera constitución democrática.
En este nuevo contexto ¿Qué alcance tendrá el lema “Cultura y Constitución” con que la autoridad convocó esta última convención? Realmente ¿cree la autoridad que los resultados de esta convención pueden ser un insumo para la discusión y redacción de la nueva constitución cuando, en paralelo a su realización, reponía en el Congreso un proyecto de ley de patrimonio cultural que, por inconsulto ante los pueblos originarios y la ciudadanía, ha concitado el amplio rechazo del sector?
No hay duda que el replanteamiento de las bases constitucionales del país está íntimamente ligado a una cuestión cultural, que implica un cambio en la orgánica de la textura social. Y tal como vemos, esto ya ha venido ocurriendo en estos últimos años de emergencia. Sin el patrocinio ni del gobierno ni de fondos concursables ni de los partidos políticos, somos las organizaciones de base las que hemos encarnado y dinamizado este proceso. Esto ha significado jugar roles activos y nos parece tan fútil como retrógrado, aceptar una invitación a ser espectadores de una convención vetusta, cuando ya estamos protagonizando los cambios que avizoran una nueva constitución.
Es que Chile cambió. Y para que siga cambiando en la dirección que la inmensa mayoría lo desea, mantenemos junto a la calle nuestra asistencia participativa, prestando desde allí la atención y vigilancia del proceso que ya comenzó, para una vez concluido el proceso constituyente, movilizar los recursos necesarios para la derogación efectiva de toda aquella normativa que obstaculice la tan anhelada transformación social y cultural del país.