Todo haría prever que el tema del pucará se ha tratado con muy bajo perfil, pues si la ministra Valdés está al tanto de todo, pareciera entonces que no existe la voluntad de denunciar esta tropelía con la publicidad que amerita.
Corrían los estivales días de un febrero en pandemia, cuando la máxima autoridad cultural de la región de Valparaíso las emprendía contra Mon Laferte y su mural en el Cerro Alegre. Entonces afirmaba que “Valparaíso está lleno de cerros y lugares para mejorar, embellecer. Nosotros llevamos el arte para mejorar, embellecer, no simplemente para dejar una manifestación individualista y egoísta sobre una plataforma”. Por diversos medios de comunicación la autoridad dejó ver el rechazo institucional a la intervención de arte realizada por la internacionalmente conocida cantante. Pero ¿cuál fue el motivo de tanta inquina? En lo concreto, el mural no habría contado con la debida autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Tan simple como eso.
Pero como todo cometa que trae su cola, a la tenaz cruzada mediática de la defensora de la integridad urbana del puerto patrimonio, le siguió un anónimo acto de vandalización, dejando expuesta la cara más dura de la intolerancia. Pese a lo alevoso del manchón negro sobre el mural y del deterioro que esto causó al vecindario de calle Capilla, no hubo entonces la misma reacción oficial.
La misma ausencia de reacción se ha observado en estos días tras la intervención de una empresa privada que, en su propósito de levantar una antena de telecomunicaciones, destruyó total e irreversiblemente el Pucará del Cerro La Compañía, un recinto arqueológico ubicado en el curso medio del Río Cachapoal, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins y protegido por la actual ley de Monumentos, según consta en el Decreto Nº 119 del año 1992 del Ministerio de Educación. La ejecución de las obras fundacionales de dicha antena, han dado al traste con las ruinas de uno de los pucarás más australes del Collasuyo, construcción de cinco siglos destinada originalmente al acopio de los pertrechos tácticos que el Inca disponía a lo largo y ancho de sus dominios.
Si a Mon Laferte le valió la descalificación de la autoridad regional, por llevar a cabo una obra que no habría contado con los permisos respectivos, no se entiende entonces el silencio o bajo perfil con que las jerarquías institucionales han enfrentado un destrozo irreversible del patrimonio arqueológico, cual es el pucará de Graneros. Si el mural en comento representase al paisaje urbano porteño un estropicio insostenible, la solución más drástica consistiría en pintar nuevamente la fachada del edificio que lo sustenta. Otra solución más civilizada y humanista consistiría en aplicar criterio y así entender que diversos barrios de la ciudad tienen pro impronta y valor agregado una “colección” abundante y generosa de murales y grafitis que responden a una corriente cultural que se consolidó tras la materialización del Museo a Cielo Abierto del Cerro Bellavista.
El caso de Graneros es, en algunos aspectos, coincidente con la de Valparaíso: la ejecución de obras para la edificación de la antena habría carecido de las autorizaciones, tanto del Consejo de Monumentos Nacionales como de la Municipalidad de Graneros. Así, al menos, lo denuncia Claudio Segovia, alcalde de dicha comuna. La autoridad municipal agregó también que la ministra Valdés “está al tanto de todo. Se comprometió a entregarnos asesoría y guiarnos en este camino. Es nuestro deber defender la historia que nos construyó como país”. Pero esta afirmación deja también expuesta la profunda asimetría entre los casos analizados: todo haría prever que el tema del pucará se ha tratado con muy bajo perfil, pues si la ministra Valdés está al tanto de todo, pareciera entonces que no existe la voluntad de denunciar esta tropelía con la publicidad que amerita.
¿Es que el grado de reacción de esta autoridad no obedece, en rigor, al mérito de causa, sino más bien, a los actores que la origina? Luego de ver asimetría con que la autoridad reacciona frente a una intervención de una artista, en contrapunto a otra de empresarios privados ¿Será que, en el tratamiento de situaciones alta complejidad con implicancias patrimoniales, los personeros de este gobierno manejan un doble estándar, según sea la filiación y los intereses implicados? Y si algo hay que decir en propiedad ¿Dónde están las declaraciones del subsecretario de patrimonio Cultural Emilio de la Cerda que, siendo especialista en estas materias, hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la destrucción del pucará? O acaso ¿No son este tipo de situaciones la que pretendería evitar su tan cuestionada propuesta legislativa para una nueva ley patrimonial?
Lo que pareciera configurarse en ambos casos y de modo inconfundible, es un tipo de silencio que se reconoce en otros silencios y que, por su genoma, remite a esos otros mutismos que acompañan rigurosamente a la vandalización o destrucción de sitios de memoria y también a las flagrantes violaciones de derechos humanos. Son esos silencios a conveniencia usados una y otra vez como medio de ocultamiento de una verdad que, a pesar de todos los esfuerzos por negarla, finalmente desborda por doquier.