“seguimos esperando, al menos, un mensaje claro de la autoridad, que apunte a reivindicar y subrayar la vocación pacífica y democrática que nos compromete como institución.”
Con el desenfrenado incremento de la corrupción se nos ha vuelto común el uso de algunos verbos, un hecho indicativo de cierta naturalización de cosas que, en un pasado más bien remoto, por ser sistemáticamente ocultadas parecían excepcionales. Una de las voces que con mayor frecuencia se escucha en el habla corriente es blanqueamiento, derivación del verbo blanquear que la Real Academia Española define en una de sus tantas acepciones como: “Ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro”. Sin temor a equivocarnos, podemos ver que importantes instituciones, tanto públicas como privadas, han aprendido a conjugar este verbo en sus distintos modos, tempos y personas, poniendo en evidencia la permanente tanda de malas prácticas imperantes en el manejo de recursos de todo tipo. Esta unidad léxica –que por lo demás contiene dos diptongos seguidos—, es ya parte del campo semántico de la corrupción cotidiana.
No obstante, últimamente comenzamos a ser testigos de algo que no se nos representaba de modo tan patente y que, a la fecha, tampoco figura en el diccionario de la ilustrada academia de la lengua: nos referimos al blanqueo por deportación de inmigrantes. Un dispositivo de imprecisa señal política, pero de inconfundible cuño xenófobo y racista que, más que sumar la simpatía entre los más recalcitrantes sectores del oficialismo, solo ha acrecentado la crisis humanitaria de la migración masiva. Estos retornos forzados, con claros bretes de estigmatización, no solo tienen lugar en medio de una catástrofe sanitaria; agudizan también la crisis migratoria que solo en América Latina y el Caribe alcanza ya los 42,7 millones de personas que han visto impelidos a dejar su terruño natal.
Esfumado parece ya aquel oasis latinoamericano, esa feliz copia del edén que Piñera propalaba en discursos petulantes y poco prudentes. Igualmente, lejanos se ven los días en que, apenas asumido su segundo mandato presidencial, el repetido estadista aseguraba que seguiría “recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad.” Febrero de 2019 era todavía el verano de un exitismo temerario, que vio su cenit en Cúcuta, cuando de la mano de Duque –presiente colombiano que hoy masacra a su pueblo— La Moneda promovían la desestabilización de la región en la frontera venezolana.
Mientras tanto, en las oficinas del Ministerio de Cultura… seguimos esperando, al menos, un mensaje claro de la autoridad, que apunte a reivindicar y subrayar la vocación pacífica y democrática que nos compromete como institución. No hacerlo es asentir por omisión con la naturalización del atropello y el abuso contra quienes, por razones de imperiosa necesidad, se han visto ante la indefectible decisión de migrar a tierras lejanas.
Este que pedimos a la autoridad es, por lo demás, un gesto ético pendiente, pues lo hemos requerido cada vez que el actuar represivo del Estado toca y compromete tanto el ámbito de nuestros programas y sus beneficiarios como la convivencia interna de nuestro ministerio: lo hicimos en diciembre de 2018 cuando, en tareas de inteligencia, Carabineros infiltró dos agentes en el edificio central para manipular un dron y así también durante octubre y noviembre de 2019, cuando en el contexto del denominado “estallido social”, aparatos de seguridad y defensa socavaban el estado de derecho, poniendo una lápida a la incumplida promesa de “Nunca más en Chile”. Es que un ministerio de cultura no solo hay que disponer de fondos concursables: es imperioso contar, además, con un patrimonio ético que, hasta el momento, solo lo estaría solventado aquel capital humano de funcionarias y funcionarios que a diario atiende con lealtad el servicio público demandado por la ciudadanía.